El Paquete Económico 2026 propuesto por el gobierno de México contempla un impuesto del 8% a los videojuegos violentos, medida que ya encendió la alarma entre jugadores y desarrolladores nacionales. Uno de los primeros en pronunciarse fue Néstor Guadalupe García, fundador de BeWolf Studio, responsable del título Redd’s Runaway.
García calificó la propuesta como “un balde de agua fría”, advirtiendo que la medida puede frenar el crecimiento de la industria mexicana y condenar especialmente al sector independiente, que opera con menos recursos frente a las grandes compañías internacionales.
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La voz de BeWolf Studio
En entrevista con El Sol de México, García explicó que los estudios indies ya trabajan en un panorama complicado y que este impuesto dificultará aún más el desarrollo de proyectos locales:
“Cuando eres un estudio indie que opera primordialmente en un mercado local, este tipo de medidas son sumamente graves. Es un balde de agua fría para quienes emprenden en México y verán cómo su oportunidad de crecer y darse a conocer no prospera”.
El desarrollador advirtió que los consumidores tendrán que elegir con más cuidado qué juegos comprar, inclinando la balanza hacia las grandes franquicias y dejando a los proyectos independientes en clara desventaja.
Consecuencias en el mercado
El impuesto afectará directamente el costo de los videojuegos clasificados como violentos, que ya deberán sumar el 16% del IVA. Esto, según García, reducirá las ventas de juegos indies, impactando negativamente tanto en las ganancias como en la visibilidad de nuevas propuestas:
“El consumidor tendrá que decidir qué juegos comprar al mes o al año, y la balanza se inclinará hacia las grandes franquicias. Eso deja a los desarrolladores indies en mayor desventaja. Los estudios pequeños tienen que competir en un mercado donde cada peso cuenta. Si se encarecen los juegos, se reducirá la base de jugadores que apuesten por nuevas propuestas locales”.
El fundador de BeWolf Studio también subrayó que los jugadores serán los más afectados, ya que las grandes compañías internacionales no absorberán los costos adicionales:
“Las empresas extranjeras de videojuegos no van a arriesgar sus ingresos; el gamer mexicano es quien terminará pagando los platos rotos”.
La postura del gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa, asegurando que no busca prohibir ni censurar videojuegos violentos, sino que se trata de una medida preventiva de seguridad para proteger a los menores.
El gobierno sostiene que existe una relación entre los videojuegos violentos y un aumento en los niveles de agresión entre adolescentes, basándose en un estudio titulado “El efecto de los videojuegos en variables sociales, psicológicas y fisiológicas en niños y adolescentes”.
Con esta medida, los videojuegos entrarían en la misma categoría de productos gravados con impuestos adicionales como las bebidas azucaradas, el tabaco y las apuestas en línea. El objetivo, según Sheinbaum, es desincentivar el consumo de productos considerados dañinos para la población.
Una industria en riesgo
Los jugadores mexicanos ya expresaron su rechazo en redes sociales, señalando que no existe evidencia concluyente que vincule de manera directa los videojuegos con los índices de violencia en el país. Mientras tanto, los desarrolladores locales temen que el impuesto frene el crecimiento de una industria que aún busca consolidarse en México.
El debate apenas comienza en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero de aprobarse la medida, el impacto recaerá tanto en jugadores como en creadores, con un riesgo particular para los estudios independientes que, como BeWolf Studio, luchan por mantenerse en un mercado cada vez más competitivo.
